Guernica 37
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“Declaró la demandante del único caso abierto por terrorismo de Estado en Siria” – Télam

Image by: Freedom House

La hermana de un sirio supuestamente detenido de forma ilegal y asesinado por el gobierno de Bashar al Assad se convirtió en la presunta primera víctima en declarar ante un tribunal de España.

La hermana de un sirio detenido de forma ilegal y presuntamente asesinado por el gobierno de Bashar al Assad se convirtió este lunes en la primera víctima en declarar ante un tribunal de España en el marco de la única causa penal internacional abierta por delitos de terrorismo de Estado contra miembros de las fuerzas de seguridad sirias.

“Su testimonio tiene una importancia crítica, porque es un paso fundamental para darle curso a la investigación”, aseguró a Télam el letrado Toby Cadman, co-fundador del equipo de abogados internacionales G37 (Guernica 37), que impulsó esta acción judicial ante la Audiencia Nacional de España.

Amal Hag-Hamdo Anfalis, ciudadana española de origen sirio, relató ante el juez Eloy Velasco lo que sucedió con su hermano, quien supuestamente fue secuestrado y torturado en un centro de detención de Damasco por las fuerzas de seguridad e inteligencia sirias en 2013.

La demandante sostuvo que su hermano no estaba vinculado a la disidencia siria ni formaba parte de ningún otro grupo rebelde o “terrorista” y que tampoco portaba armas en el momento de su arresto, que tuvo lugar cuando la guerra en Siria ya llevaba dos años.

“El juez pudo escuchar de forma directa lo que pasó y cómo ella reconoció a su hermano en las fotografías del archivo César”, subrayó Cadman, en referencia a las pruebas que sustentan el caso.

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La querella se basa en un fichero con más de 50.000 fotografías de aproximadamente 6.000 cadáveres de víctimas de tortura en Siria, tomadas en centros de detención ilegal por un policía militar que desertó en 2013 y en la actualidad vive oculto en Francia.

Los testimonios de los familiares de las víctimas, algunos de ellos huidos de Siria, son la clave que permitirá avanzar la querella, que cuenta con el apoyo de parte de la sociedad civil siria en el exilio, abogados de España, el Reino Unido y Estados Unidos.

“Amal tuvo su primer pensamiento hacia su hermano, pero es consciente de lo importante que es para las demás víctimas. Fue muy valiente”, señaló el abogado del grupo G37, quien trabaja en otro caso bajo jurisdicción del Reino U

nido.

Como es natural, la querellante está preocupada por las consecuencias que pueda tener su declaración para el resto de su familia que sigue atrapada en Siria, en un momento en el que el conflicto se está intensificando.

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Por otro lado, Cadman destacó el valor que tiene para el caso el testimonio del policía militar forense sirio -alias César- que escapó de Siria con las fotografías que prueban la existencia de un plan sistemático de represión, y cuya declaración estaba prevista para hoy pero se canceló.

El testigo protegido se encuentra presuntamente escondido y bajo protección en Francia.

El juez Velasco admitió a trámite la querella el 27 de marzo a pesar de no contar con el visto bueno de la Fiscalía, que considera que el tribunal no es competente.

El requisito de nacionalidad española de la víctima -en este caso indirecta- es fundamental para iniciar un procedimiento de este tipo en España después de las limitaciones al ejercicio de la justicia universal para los tribunales españoles que impuso la reforma judicial del conservador Partido Popular (PP) en 2014.

Sin embargo, el magistrado no sólo admitió la viabilidad del proceso, sino que recomendó que se creara una comisión a nivel europeo para investigar si existen casos similares en otros países de la UE.

La acción penal, que es la primera de justicia transnacional presentada ante tribunales europeos contra el Estado sirio, busca enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad de ese país por la desaparición forzada, detención ilegal, tortura y ejecución de miles de civiles en centros de detención ilegales.

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De acuerdo con los demandantes, desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones de lo que se conoce como la “Primavera Árabe”, el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia, mediante una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Decenas de miles de civiles sirios fueron privados de su libertad y trasladados a centros de detención ilegal donde han sido torturados, hacinados y sometidos a tratos inhumanos, mientras se les ocultaba la información a sus familiares cuando la requerían.

El plan de seguridad nacional incluía un escrupuloso registro de la represión, de ahí que se encargó a la policía forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los detenidos en varios hospitales en Damasco, a donde habían sido transportados desde los centros de detención.

La comunidad internacional impidió -Rusia y China vetaron en 2014 una resolución del Consejo de Seguridad- que las violaciones de derechos humanos en Siria llegaran a la Corte Penal Internacional, de ahí que se muchas de las esperanzas de las víctimas sirias y sus familiares están depositadas ahora en la demanda presentada ante los tribunales españoles.


Este artículo fue publicado el 10 de abril de 2017 en el medio argentino Télam.

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